Prisión preventiva oficiosa socava estado de derecho, es regresiva y violatoria, alertan

En la Cámara de Diputados, en la segunda mesa de las audiencias públicas para analizar la reforma al artículo 19 constitucional, referente a la prisión preventiva oficiosa, especialistas nacionales e internacionales, así como ex funcionarios del área de procuración de justicia en el país, coincidieron en advertir que esa no es la medida adecuada para combatir delitos como el huachicoleo, la corrupción y los delitos electorales, entre otros.

El representante de la Agencia de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONU DC), Antonino de Leo, hizo un exhorto a los congresistas mexicanos a desalentar la reforma a discusión, cuyos efectos serán en primera instancia, la criminalización de personas pobres. “De aprobarse el proyecto de reforma para la ampliación de la prisión preventiva oficiosa se frenaría y revertiría la tendencia positiva registrada y se incrementaría el número de personas privadas de libertad, y por lo tanto se generaría un problema de hacinamiento carcelario en el país”, dijo De Leo.

En su intervención, el ex procurador General de Justicia del anterior Distrito Federal, Rodolfo Félix, fue contundente al señalar que las modificaciones constitucionales para ampliar la prisión preventiva y en el capítulo de derechos humanos, se asemejan a “cruzar un perro con un gato”. La consecuencia de la reforma, alertó, será el encarcelamiento de niños y adolescentes cuyos derechos serán violados, y ellos mismos serán víctimas de abuso sexual y cooptación por parte de la delincuencia organizada.

“Va a ser muy fácil que a estas personas, las autoridades o quien sea, les carguen cinco litritos de gasolina y con eso vamos a tener a niños y adolescentes en la cárcel, y no por ser delincuentes. Mínimo van a estar tres años, pero en tres años esos muchachos ya fueron violentados físicamente, con alto rango de posibilidad de ser violentados sexualmente y cooptados por la delincuencia organizada”, advirtió.

“Que esta reforma que se pretende llega a ser aceptada, es una reforma que va a regir hacia futuro. Porque uno escucha en la calle cuando la gente dice: oye, ya van a meter a la gente a la cárcel y no van a salir y tal. Eso no es cierto, no tiene aplicación retroactiva, tiene aplicación a futuro”, explicó. “Entonces que la gente se entere, porque no podemos crear falsas expectativas. Entonces  hay que decirle a la gente que esto va a iniciar a futuro y que todos los que se llevaron los hidrocarburos y este gran problema que tenemos están en un régimen distinto al que se quiere modificar”, por lo tanto se trata de una reforma sin sustento, y “hueca” dijo.

En una muy larga jornada que consistió en dos rondas de audiencias con una duración aproximada de ocho horas y decenas de invitados y legisladores participantes, representantes de organizaciones sociales, asociaciones civiles de representación de víctimas, instancias defensoras de derechos humanos a nivel nacional e internacional, sumaron voces, una tras otra, contra la prisión preventiva oficiosa. Señalaron que ese tipo de medidas cautelares, que deben mantener el carácter excepcional y no convertirse en regla constitucional, como lo propone la mayoría en el Congreso de la Unión.

Lejos de inhibir el delito, provocarán una mayor criminlización de la pobreza, hacinamiento penitenciario, violación a derechos fundamentales y más descomposición social, sentenciaron. Subrayaron que la prisión preventiva oficiosa, en los hechos será un claro riesgo para cualquier ciudadano, de ser detenido y encarcelado sin investigación, sin pruebas, sin un juicio formal y sin una declaración de culpabilidad. Añadieron que la reforma no combatirá la corrupción, por el contrario, la fomentará, al propiciar que el personal policiaco cobre y use la extorsión para presionar a quienes sean acusados y sus familiares.

“Es una reforma hueca y vacía que no tendrá aplicación, no tiene ninguna eficacia”, lanzó el ex procurador Rodolfo Félix. “Simular justicia no garantiza protección”, expresó la académica del Centro de Investigación  y Docencia Económicas (CIDE), Estefanía Vela. “Meter gente a la cárcel no es justicia”, agregó Martín Carlos Sánchez, director general de la organización Renace. En el mismo sentido se pronunció la representante de Amnistía Internacional (AI), Andrea Nomdedeu, quien dijo que enviar a prisión en automático a una persona viola sus derechos, y en términos jurídicos, daña el derecho al debido proceso y al principio de inocencia.

“Está tan mal hecho esto  ¿por qué no lo corrigen?”, cuestionó Félix Cárdenas a los legisladores. Al manifestar que la solución a la problemática que el Ejecutivo Federal quiere enfrentar no es la prisión preventiva oficiosa, sino una política integral que incluye capacitar a jueces y ministerios públicos, así como desarrollar modelos y protocolos de actuación en la materia, añadió la ex Fiscal electoral, María de los Ángeles Fromow pidió apostar por el fortalecimiento del sistema de justicia, pero de manera adecuada.

En contraparte, los representantes de organismos empresariales como la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), pidieron a los congresistas no dar marcha atrás y aprobar la ampliación del listado de delitos con prisión preventiva oficiosa, incluyendo el robo a autotransporte de carga y robo a transporte en general.